Juicio de amparo
El juicio de amparo es
un medio procesal que tiene por objeto específico
hacer eficaces y prácticos los derechos
humanos establecidos en la Constitución, para de esa manera proteger de los actos de todas las autoridades sin
distinción de rango, inclusive las más elevadas, cuando violen dichas
garantías. Está regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal
y la Ley de Amparo.
Se basa en la idea de limitación del poder de las autoridades
gubernamentales, la cual jurídica y lógicamente resulta de la decisión de la soberanía que en los primeros artículos de la Constitución garantiza los derechos
fundamentales. Tan sólo los actos emitidos por la Suprema Corte
de Justicia y así como actos relacionados con
materia electoral quedan fuera de su acción.
El juicio de amparo tiene dos
características fundamentales:
§ Se trata de un juicio impugnativo autonomo,
esto quiere decir que no consiste en un recurso o apelación que solamente
constituya otra instancia, sino que implica iniciar un proceso completamente
nuevo; no es parte del mismo juicio, sino que es otro juicio.
§ Es un juicio de garantías, es decir, no obstante que se trata de un
juicio de orden constitucional, el juzgador no se limita a ver si existieron
violaciones constitucionales, sino que puede incluso dejar subsistentes las
violaciones constitucionales, siempre que se demuestre que nadie resultó
afectado en sus derechos fundamentales. Asimismo, puede exigir la suspensión de
un acto que, no obstante ser constitucional, viole las garantías individuales,
es decir, no se ocupa de cualquier violación a la Constitución, sino de
aquellas cuyo resultado es el rsultado de un derecho humano o garantía
constitucional, que resulta en daño personal y directo a una o varias personas
concretas.
El juicio de amparo es un medio de control
jurisdiccional del sistema jurídico mexicano, en apego a la acción de inconstitucionalidad y las faltas dentro de la
consittucion. A diferencia de estos dos últimos, el juicio de amparo es
promovido por cualquier particular que considere que sus derechos humanos y
garantías constitucionales han sido violadas por alguna autoridad.
Este juicio de garantías se extiende
a un minucioso control de la constitucionalidad y legalidad, que consiste, primero, en revisar la aplicación concreta de la ley hecha por la autoridad responsable, y segundo,
en examinar si el acto reclamado expresa su fundamento legal y motivo de hecho,
con el objeto de determinar si ese fundamento y ese motivo son o no
pertinentes, pero todo esto restringido a los actos de las autoridades que
tengan alguna relación con los derechos del hombre garantizados en la
Constitución. Asimismo, el juicio de amparo tiene como fin evitar que actos de
autoridades contravengan directamente la Constitución o que las leyes en que
dichos actos se apoyan sean contrarios a la Constitución.
CARACTERISTICAS
EL JUICIO DE AMPARO SE CARACTERIZA SEGÚN LA DOCTRINA POR LOS SIGUIENTES
PRINCIPIOS.
§ Principio de instancia de parte
agraviada. El juicio no se tramitará de oficio por ninguna autoridad judicial,
sólo por petición del propio afectado, su apoderado o representante legal (o
por cualquier otra persona pero sólo en los casos en que el afectado esté
privado de su libertad personal).
§ Principio de agravio personal y
directo. Sólo podrá solicitar amparo quien sea el titular del derecho subjetivo
que se considere afectado por el acto de autoridad.
§ Principio de prosecución judicial.
El juicio se tramitará con arreglo, exclusivamente, a las disposiciones
procesales de la Ley de Amparo y, sólo en caso de que ésta sea omisa o
insuficiente, por supletoriedad se aplicará el Código Federal de Procedimientos
Civiles.
§ Principio de definitividad. El
juicio de amparo sólo procederá cuando contra el acto de autoridad, no esté
previsto ningún recurso o medio de defensa legal, o estándolos, se hayan
agotado previamente a la demanda de amparo. Este principio admite diversas
excepciones, por ejemplo: en materia administrativa, cuando la ley que rija el
acto reclamado, no prevea la suspensión del mismo o para suspenderlo pida
requisitos mayores que la Ley de Amparo; cuando el acto reclamado no esté
fundado y por ello no pueda saberse qué medio ordinario de defensa se debía
agotar; contra actos que afecten a terceros extraños a juicio.
§ Principio de estricto derecho. La
sentencia del juicio se limitará a resolver las cuestiones propuestas en los
conceptos de violación, sin poder abordar otras. También admite excepciones por
suplencia de la queja deficiente, ya sea respecto a los conceptos de violación
o a los agravios en el recurso de revisión, en casos como los siguientes: en
materia laboral a favor sólo del trabajador; en materia penal a favor del
acusado; en cualquier materia si se advierte una violación manifiesta de
procedimiento que haya dejado sin defensa al quejoso; en materia familiar a
favor de menores o incapacitados.
§ Principio de relatividad de las
sentencias. La sentencia del juicio sólo protegerá a individuos particulares
que hayan promovido el juicio, sin beneficiar a nadie más, y el acto quedará
invalidado sólo para el quejoso que haya litigado, pero no se hará ninguna
declaración general sobre la ley o acto impugnado.
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO
El juicio de
amparo indirecto, por su contenido es propiamente un juicio. En lo formal, se inicia ante un juez de distrito,
con una demanda, que debe plantear una verdadera
controversia sobre la constitucionalidad del acto de que se trate, señalando el
nombre del particular que impugna el acto, que es denominado quejoso, la
autoridad responsable, que es la que emitió el acto reclamado, las garantías
que se consideran violadas y los argumentos que demuestren la violación a las
garantías individuales, denominados conceptos de violación.
Conforme al
artículo 114 de la Ley de Amparo, procede contra los siguientes tipos de actos
de autoridad ya sean federales, estatales o municipales
1. Leyes, tratados internacionales,
reglamentos y en general contra cualquier norma de observancia general y
abstracta;
2. Contra actos emitidos dentro de un
juicio, que afecten de manera irreparable derechos sustantivos del gobernado
(es decir, derechos como la vida, la libertad personal, el patrimonio, de
manera que la violación no se repare ni con una sentencia favorable en el
juicio en que se emitió el acto reclamado);
3. Contra actos emitidos fuera de
juicio o después de concluido, incluyendo actos para ejecutar una sentencia
(con la limitante de que sólo procederá contra la última resolución dictada en
el procedimiento de ejecución);
4. Contra actos que afecten a terceros
extraños a un juicio (tanto quienes no son parte en él como lo que siendo parte
no fueron debidamente citados);
5. Contra actos que no procedan de
autoridades judiciales, administrativos o del trabajo.
JUICIO DE AMPARO DIRECTO
El
juicio de amparo directo tiene como finalidad la revisión de la legalidad y
o constitucionalidad de una sentencia
dictada por un tribunal ordinario. No obstante, este tipo de juicio no sólo
procede contra sentencias definitivas, sino también, contra resoluciones que
sin ser sentencias o laudos, pongan fin a un juicio. En este juicio de amparo
directo, se pueden reclamar también, violaciones cometidas en el curso del
juicio, que, habiendo sido impugnadas sin éxito en el curso del mismo juicio y
en la apelación en su caso, afecten las defensas del quejoso y propicien un
fallo desfavorable. La sentencia que se impugna a través de un juicio de amparo
directo debe ser la ley principal de juicio, por lo que las sentencias
interlocutorias no podrán ser impugnadas a través de juicio de amparo directo.
Sin embargo, las sentencias interlocutorias, una vez agotados los recursos
ordinarios, podrán ser impugnadas a través de un juicio de amparo indirecto.
Como
su nombre lo indica, la demanda de amparo directo se interpone directamente
ante el tribunal que dictó la sentencia. A diferencia del juicio de amparo
indirecto, el amparo directo es resuelto por un tribunal colegiado de circuito.
Al
igual que el amparo indirecto, el tribunal colegiado podrá admitir, desechar o
prevenir sobre la demanda de garantías. Sin embargo, a diferencia del juicio de
amparo indirecto, el juicio de amparo directo no tiene una etapa probatoria,
por lo que no existe audiencia constitucional.
En
el juicio de amparo directo, el tribunal que dictó la sentencia que se impugna
tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que cuando envíe el
expediente judicial con la demanda de amparo al tribunal colegiado también deberá
acompañar un informe con justificación. Aunque en este caso el informe no es
extenso, pues el propio acto reclamado, es decir, la sentencia, expresa los
razonamientos y antecedentes mismos que pudieran ser pertinentes para el
juicio.
